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El diccionario define literalmente una “segunda oportunidad” como un acto de generosidad: quien la otorga, extiende la mano solidaria a alguien que ha fallado en una primera instancia y le brinda la esperanza de triunfar en un nuevo intento.
La definición queda como anillo al dedo a la nueva política del presidente Joe Biden de ofrecer apoyo a los migrantes extranjeros, a los veteranos de guerra, que han servido en las fuerzas armadas de los Estados Unidos y que han sido injustamente deportados de los Estados Unidos.
Bajo la iniciativa anunciada en el patriótico alrededor de los festejos del Día de la Independencia, los departamentos de Seguridad Interior (DHS) y de Asuntos de Veteranos (VA) desarrollarán un enfoque riguroso y sistemático para revisar las deportaciones de cientos de migrantes que pusieron su vida al servicio de los Estados Unidos.
La administración del presidente Biden se comprometió a crear un centro de recursos para ayudar a estos veteranos y sus familias inmediatas con todo lo relacionado a temas migratorios, eliminar las barreras a la naturalización para aquellos que sean elegibles, revisar las políticas de deportación y las prácticas para evitar deportaciones injustas futuras de miembros de las fuerzas armadas extranjeros actuales y pasados, así como de sus familiares.
Cientos de esos veteranos de guerra son mexicanos y están cerca de nosotros. Muchos viven en albergues en lugares fronterizos como Tijuana y Ciudad Juárez. Algunos no tuvieron otra opción que dejar a sus familias en los Estados Unidos y regresar a un país lejano emocionalmente. Han subsistido gracias al apoyo de organizaciones locales y, a partir de este momento, del país que sirvieron con honor en múltiples conflictos militares. Estados Unidos inició la deportación de veteranos extranjeros en 1996. La ley establece que los residentes legales permanentes pueden ser deportados si cometen delitos graves. No existe una distinción especial si han prestado o no servicios a las fuerzas armadas. Aunque la ley también abre una puerta a una naturalización expedita para los soldados de Estados Unidos nacidos en el extranjero, esa hoja de ruta no fue una prioridad durante la era Trump.
Aquellos veteranos de guerra deportados que sean beneficiarios de la nueva política de la administración Biden tendrán derecho a cobertura médica, empezando con la vacunación contra el COVID, así como a los beneficios que se otorgan a otros veteranos. El apoyo será extensivo a sus familias inmediatas.
“Ya nos habíamos demorado mucho en establecer que ningún soldado que sirvió a este país con fidelidad y lealtad deba ser sometido a la vergüenza de ser deportado. ¡El servicio en uniforme debería haberles ganado la ciudadanía de por vida!”, reaccionó la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC).
En la comunidad de veteranos la noticia fue recibida con un cauteloso optimismo, con una mezcla de esperanza y escepticismo. Después de todo, muchos de ellos fueron echados de un país para el que pusieron su vida en riesgo. Ahora corresponde al gobierno federal implementar de manera expedita y transparente una política justa y generosa que nos enorgullezca a todos.
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